A costa de la crisis, y una vez la gente se encuentra en situación más que delicada, desde hace ya un tiempo, de manera sibilina, virál en internet, a través de cadenas supuéstamente apolíticas (nadie lo es, en todo caso, apartidista, pero tampoco: si no te gusta ninguno, funda uno) sobre temas que suponen ataques directos sobre las líneas de fondo del entramado político administrativo, y, también, en el jurídico-político. No todos los que dicen ser demócratas lo son en la realidad. Aunque digan que es algo de toda la vida. Por un lado están los ataques contra los funcionarios, por el otro a los diputados, y de otro, directamente, a las autonomías. Y es que todo tiene una intencionalidad política, se diga o no, se explicite o no. Una democracia va más allá del nombre. Implica muchas cosas, muchos detalles. Aunque su defensa sea ahora vista como impopular.
Cesantías. Así era el siglo XIX en el recien nacido estado español. A cada gobierno que caía y le sucedía otro que hacía su propia constitución (10 en el siglo XIX) y salía todo el personal del gobierno. Desde ministros a ujieres. No había ninguna plaza fija y, por tanto, eso contribuyó decisivamente al estancamiento del estado español en ese siglo. No había forma de avanzar en nada. Eso y el “que inventen ellos”, el atávico repelús hacia los procesos de avance científico y técnico. Que siempre llegan a la península tarde y mal. Así se fueron, espontáneamente, reuniendo grupos de profesionales, cuerpos técnicos de funcionarios sobre ámbitos que eran imprescindibles en la gestión de un estado. Es decir, por ejemplo, son los hoy maestros, bomberos, policías … en el resto de estados europeos hay funcionarios, pero su origen es diferente. Este poso de las cesantías aún late, parece ser, en el corazón político de los españoles. Cuando un gobierno podía nombrar enterita la nueva administración a su gusto. A costa, eso si, de tener un país ingobernable.
Las y los diputados son, actualmente, cargos electos. No se puede jugar con ellos como si fueran peonzas, que se puedan tirar, recoger, volver a lanzar … su mismo consejo de estado, el de los españoles, el que preside Romay Beccaría, el que fuera numero 2 del ministerio de sanidad en los años 60 (si, con Franco), les ha dicho con claridad que no se puede separar de su cargo a alguien que ha sido electo. Aún así, lugares como Castilla La Mancha, después de haber ampliado el número de escaños en un primer intento, drásticamente impone una reforma del estatuto para rebajar de los 49 actualmente existentes a 25. Claro, los 25 del PP. Sobran, sin duda, los 24 del PSOE. Y los quieren eliminar desde el 1 de enero. Muy democrático. Eso si, Cospedal gasta 7 veces más en cargos de libre designación que en el Presupuesto anual de las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo cual deja en su justa medida la propuesta.
Por otro lado, la propuesta de no cobrar para las y los diputados entra en la consideración de derechos fundamentales del ciudadano. Pues cualquier ciudadano ha de estar en disposición de participar en el sistema democrático sin importar su situación económica, además de su orientación religiosa, sexual … etc. Además, si un diputado no cobra por serlo un sueldo, pueden pasar dos cosas. Una, que el sueldo verdadero sea quien marque sus pautas. Quien paga manda. Habría diputados a sueldo de terceros. No se deberían ni a la ciudadanía ni a los partidos que los eligieron. Sólo y únicamente a empresas. Porque si no estarían en la indigencia. Otra, que la totalidad o parte de los diputados cobren el mismo monto de dinero en otros conceptos, por dietas, o, por ejemplo, es un decir, por sistemas ajenos a la fiscalidad. Haciendo trampitas, una vez más.
La democracia son las personas. Y todo sistema, el que sea, necesita de personas que sirvan, a ambos lados de una valla imaginaria. En una simbiosis que permita la movilidad social hacia los puestos de participación en el servicio público. El límite de mandatos son las elecciones, el límite en lo demás son las oposiciones. El servicio público ha de ser prestigiado, ha de ser atractivo en el sentido de permitir el gobierno de los mejores, que los mejores se sientan atraídos, dadas sus condiciones, a acceder al servicio público, al servicio de lo público. Que elijan ese camino y no el de la empresa privada. Porque esa debiera ser la comparación, por ejemplo, a nivel salarial. ¿Quien iba a querer ser ministro de un gobierno en vez de ser CEO de una gran empresa? Según sean las condiciones, así serán las respuestas.
Controles y balances. Así es como se denomina en Estados Unidos. Lógicamente todo ha de estar bajo control. Para eso existe el Tribunal Constitucional como concepto, creado por Hans kelsen en los años 20, para impedir el poder absoluto y favorecer la separación de poderes. Así debería ser. Y una controladuría de cuentas, un defensor del pueblo … son ejemplos de elementos que una nación ha de disponer, un estado tiene que ser capaz de defender su existencia, la del entramado institucional, junto con la defensa de los derechos y deberes de sus integrantes, sea la duración de su servicio público mayor o menor. Porque la administración de un estado no es algo etéreo. Está en las juntas vecinales, en las comarcas, en los territorios, en las comunidades, en los diferentes niveles, y, sobre todo, como se quiere remarcar, en sus diferentes inquilinos temporales.
Una vez señalado esas pinceladas sobre funcionarios y diputados, es importante remarcar la noción de autonomía y autogobierno. A algunos no les dice absolutamente nada. Pero lo mismo que una pelota que un niño tiene y abandona al ver a otro jugar con un osito, a muchos gestores de lo público les va ese espíritu. En los malos tiempos son capaces de tratar de convencer que la estructura anterior sólo era sostenible en tiempos de bonanza. Hacen trampas contables, con la estadística. Y hablan de que algunos han creado estructuras de estado durante 30 años. Claro, si uno es miembro de una nación sin estado, busca construir un estado. El sentido común así lo diría.
Finalmente tampoco ayuda que un estado, español en este caso, poseedor del 60% de la deuda pública, vaya por el mundo afirmando que son la autonomías las que han derrochado. Al creerselo las instancias internacionales han cerrado el grifo a dichos entes. No así al estado. De ahí el ahogamiento y el obligado paso por el cuello de botella llamado rescate. Y es que a algunos, en esos 30 años, se les ha escapado el café para todos que idearon para contener a las nacionalidades históricas. Y así les va. Aunque no entiendo la incoherencia de algunos. Conviene lanzar el reto público de aquellas y aquellos presidentes que hablen de devolución de competencias, de limitación o de supresión de asambleas legislativas, pongan en cuestión las 17+2 autonomías … se pongan ellos mismos de ejemplo y disuelvan sus comunidades. Madrid, por ejemplo, en cabeza de todas ellas. Y, en cualquier caso, contar más y mejor con la ciudadanía. Porque cada país se debe a su gente. No puede volverse, de ninguna manera, a aquel estilo de Carlos III que fué el prólogo a ese engendro antiforal y antiespañol llamado constitución de Cadiz de 1812, y que se resumía en: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Más si cabe cuando en nuestra patria, nuestra única patria, Euzkadi, la foralidad nos remite siempre al pueblo, dueño y señor de su futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario