¿Homogeneizar los 17 mini-estados?

Últimamente se corean mucho los lemas de “España una y no cincuenta y una” o la expresión de los 17 mini-estados que serían las comunidades autónomas. Con el pequeño y necesario matiz de que la mayoría de ellas han sido y son gobernadas por partidos – franquicia con matrices en Génova o en Ferraz, conocidas calles de Madrid, por ser las sedes de PP y de PSOE. Es decir, que si alguien habría credo precísamente en alguna de esas comunidades donde no había una especial reivindicación en un mini-estado son precísamente los mismos que se dan golpes de pecho por la unidad de “España”, estado que en realidad es una “nación de naciones”, o, como alguien lo ha denominado en América Latina, sería el Estado Plurinacional de España. Y tampoco hay que olvidar que lo que es hoy ha ocurrido en el pasado. Ya lo dijo el gallego: Spain is different.

Ahora que, salvo que una III República española lo evite, o la ruptura de la ley sálica (otra vez), el próximo monarca de las Españas será conocido como Felipe VI, puesto que existió un Felipe V, francés, pero qué más dá cuando los progenitores de Felipe VI serán italiano y griega. Nombre el de Felipe muy recordado en los países de habla catalana, dado que laminó sus fueros por el mero hecho de haber elegido mal de bando en aquella guerra civil sucesoria en el trono. Claro que es lo que pasa cuando las monarquías abusan de la endogamia entre primas y primos: te sale un hechizado sin descendencia como Carlos II. Vascas y vascos tuvimos la buena fortuna de elegir el bando ganador. Pero eso no impidió que al cabo del tiempo, en los previos inmediatos al siglo XIX y en su comienzo se dieran intensos intentos centralizadores, sobre todo bajo el mandato del duque de la victoria, el señor Godoy. Ganó una vez un ramo de naranjas para su rey, de ahí el título. Y hay argumentaciones recurrentes a lo largo del tiempo. Algunas parten de aquel intento “académico”, “político”, “económico” o “periodístico” de laminar la foralidad vasca, a la que se consideraba una rémora y un obstáculo para el poder absoluto del monarca en un tiempo en el que la ilustración significaba todo para el pueblo pero sin el pueblo.

El estado francés, tras la revolución francesa, impuso una remodelación del modelo territorial, suprimiendo de raiz las antiguas naciones y de manera cartesiana y geométrica distribuir funcionalmente el territorio en las actuales prefecturas, es decir, departamentos, subdivididos en cantones y municipios y las regiones sobre ella. Y los mandatados eran simples gestores administrativos directamente liderados y designados desde París, la cual, por cierto, era conocida como la “ile de France”, la isla de Francia, donde se hablaba francés. En 1789 sólo un 33% de los que habitaban el “hexágono”. Y ese fue el modelo copiado tras la constitución más afrancesada de todas: la de Cádiz de 1812. Más incluso que la de Baiona de 1808. Lo curioso es que la nueva distribución territorial en provincias, de inspiración francesa, hecha por Javier de Burgos (provisional, en principio, pero al final lo ha sido tanto como la Ley Fundamental de Bonn de 1948), hecha en 1833 se parece treméndamente a la distribución territorial de José Bonaparte de 1810. Es como un calco. Y al frente de ellas se dispuso de un Gobernador Civil. En principio mera figura administrativa, pero que acabó ejecutando tareas exclusivamente política y ser una oficina de gestión del poder a las órdenes del partido en el poder en el momento. Y así se tuvieron que crear las delegaciones territoriales ministeriales, para ejecutar las tareas administrativas que los Gobiernos Civiles (hoy delegaciones y subdelegaciones del gobierno) no ejercían.

El estado español ha visto, de una manera u otra, la validez de un principio universal, y es que toda concesión, o reconocimiento en algunos casos como el de las 3 nacionalidades, de poder político, sirve para un asentamiento en el corazón y la mente de sus gentes del valor del autogobierno y crece la resistencia a abandonarlo en el futuro. Y es algo que es tradicional en el estado español y en el mundo. Nadie que ha avanzado y profundizado en la asunción de autogobierno y ejercido su derecho a decidir ha hecho retrocesión de tales derechos, y ha renunciado a los logros conseguidos y conquistados. El problema es que, desde algunos ámbitos se considera superfluo y eliminable precísamente la estructura autonómica. ¿Porque? Pues porque por un lado existen las diputaciones provinciales (un café para todos de principios del siglo XIX), de unas provincias que supusieron tremendas e impuestas injusticias (llamese Trucios, Trebiño, Peñamellera, Ribadedeva y otros tantos). Y porque sigue existiendo, tal cual, como en 1978, la misma estructura del estado que cuando no había comunidades autónomas. Y con el añadido de que, y esto lo dice FAES, la comunidad que más puestos funcionariales autonómicos ha creado últimamente es … Madrid. Si, la comunidad de Madrid, la que, de buscar alguna comunidad artificial, sería la primera de la lista. Y ha llegado el momento en el que se vuelve a hablar de homogeneizaciones y, como en 1981, se tratan de LOAPA-s y de loapillas. Y me pregunto ¿bajo que forma vendrá esta vez?

Como curiosidad dejo que Segovia intentó ejercer su derecho a tener una comunidad autónoma uniprovincial, cosa que se la denegó por orden gubernativa, el mismo ejecutivo que obligó a Almería a un recurso de dudosa legalidad para formar parte de Andalucía, la que creó la comunidad de Madrid bajo un subterfugio constitucional dado que las dos Castillas existentes con tal nombre le dieron con la puerta en las narices. El que negó una autonomía a León, la que quiso que Valencia y Navarra fueran por su lado. La que mantuvo las provincias en su injusta distribución actual, y las diputaciones provinciales … en definitiva, una estructura jurídico administrativa, y hasta competencial impuesta. Tanto es así que ha sido ya en el siglo XXI cuando desde el estado español han obligado, se puede decir así, a las comunidades que faltaban, las competencias de Educación y Sanidad (Aznar en 2002) y de Justicia (Zapatero, por ejemplo, con el caso de Murcia, la única región que lleva tal nombre). Y es que lo lógico sería, como poco, una distribución como en italia, entre un grupo de territorios especiales y otros de régimen común. Y ejecutar la voluntariedad existencial y competencial. Y hacer racional y natural lo que sea lo legal e institucional. Y es que si Fraga fue el que dio popularidad al concepto de administración única autonómica, habría que presuponer que algo de razon podemos tener en nuestros planteamientos. Aunque lo más probable sea que el estado español sea inmune a cualquier argumento racional y sea mucho más sencillo, al fin y a la postre, buscar nuestro propio camino a la soberanía. Gora Euzkadi Askatuta!