El estado español ha intentado muchas veces resolver (sic) su problema territorial. Dado que no quiere reconocer más nación que la española (sic) y que tampoco se reconoce el nacionalismo español, sino los llamados periféricos (lo cual ignora deliberadamente el nacionalismo castellano, en aquellos extremos que se oponga al nacionalismo español imperante), este problema se ha presentado muchas veces. Y aunque la distribución actual en provincias, y su derivada, las Comunidades Autónomas, pueda parecer sagrada, no lo ha sido siempre, como se puede atestiguar, sin ir más lejos, a lo largo del siglo XIX. Pero es que tampoco se cree en las autonomías. Veamos dos casos: Galicia y Andalucía.
Galicia o Galiza tuvo históricamente su propia institucionalización, tiene su propia cultura, su propia lengua, más emparentada con el portugués que con el castellano, y más relación histórica con el arco atlántico y el ámbito celta que con el ámbito ibérico. Aún así, y debido a procesos históricos que no conviene detallar en demasía, dado que por un lado hubo una cierta limpieza de elementos autóctonos, bien a través de la desaparición física (si, claro, no nos engañemos, Castilla hacía guerras para algo, y liquidaba a gente), o bien lo que posteriormente diría Castelao de que los gallegos no protestan, sino emigran, favorecería a que la burguesía nacional galega resultante tuviera sus intereses económicos ligados a los de la burguesía castellana o fueran lo suficientemente débiles como para no aspirar a otra cosa, ni siquiera a la reanixenxa que propugnaron los catalanes a fines del siglo XIX.
Cuando se plantea la institucionalización en ese llamado estado integral de la segunda república española Galiza hizo sus trámites, a pesar de no ser de las primeras en solicitarlo. Y lo cierto es que Galiza estuvo en el bando sublevado desde el inicio de la guerra civil, con el alzamiento. No en vano Franco era un presunto gallego. Aun así Galicia tuvo su propio estatuto. Y a posteriori tendría consecuencias. Para bien y para mal.
Tras la larga noche de la dictadura totalitaria franquista surge la necesidad de volver a estructurar el estado español de alguna manera. La consolidación de los nacionalismos en Catalunya, Euzkadi y Galiza es ya un hecho incontestable. Por cierto, la república no aspiraba a vertebrar todo el territorio del estado en territorios con estatutos. Y la Constitución de 1978 tampoco. De ahí que se tramitaran por la vía rápida los de Euzkadi y Catalunya, al ser los más claros. Se deja abierta una vía lenta por si alguien se quiere sumar. Y aquí llega Galiza diciendo que ella es una nacionalidad histórica, tanto como sus predecesoras, ya con estatuto, y que quiere ir por la vía rápida. Y el gobierno de UCD no tiene otra que acceder.
Galiza apuesta por su propio estatuto, de calidad. Pero UCD apuesta por cerrar el paso a las autonomías. No quiere más que dos. Y por eso a Galiza le propone, en 1980, un estatuto de mínimos. Si, con parlamento propio, pero que todo lo que allí se decida tenga que pasar una segunda vuelta en el “parlamento de la nación”, esto es, el congreso de los diputados, por lo que, en resumen, lo que decidieran en Galiza no serviría para nada. Y esto lo hicieron gobernando UCD en madrid y en Galicia. Ni que decir que UCD se hundió en las elecciones en Galicia, y que tuvieron que tragar, por la presión popular, que no toleraba semejante engaño, con un estatuto de nacionalidad histórica, de primera, para Galicia. Por mucho que Madrid quisiera otra cosa. Y así se abrió la posibilidad a otros entes territoriales para acceder a su autonomía.
Muchas autonomías tuvieron que ser arrancadas literalmente a Madrid. Madrid, es decir, los intereses del Antiguo Régimen, centralista, basado en esa Castilla de los Austrias y de los Borbones, posterior a la derrota de los comuneros, que, tras la invasión y conquista de Navarra, fueron los primeros en perder sus fueros en el nuevo sistema. Posteriormente serían los Catalanes en 1714 con los decretos de nueva planta, y posteriormente los vascos en 1839 y 1841 (incluyendo la liquidación definitiva del Reino de Navarra, quien emitió sus últimas monedas con la efigie de Fernando III de Navarra, Fernando VII de Castilla).
Andalucía fue la siguiente en solicitar la autonomía. Blas Infante fue el padre de la patria andaluza. Y el franquismo le ajustó las cuentas, como lo hizo, entre otros, con el granadino García Lorca. En este caso no lo pidieron por cuestión de haber plebiscitado un estatuto en la segunda república. No, fue el hacer frente a un desajuste histórico. A una rémora de la que Castilla era culpable desde los días de la mal llamada reconquista, hasta la época de los bandoleros, que originó la fundación de la Guardia Civil por el duque de ahumada, quien circunstancialmente nacería en Iruñea. Fue el peso popular, la demanda de la gente, la que apostó porque no sólo Andalucía tuviera una autonomía, sino que fuera equiparable, por población y peso demográfico, y como respuesta a los agravios históricos por parte de Castilla, a las de Catalunya, Euzkadi y Galiza. Y es así que se produjo la marcha del millón de andaluces en Sevilla. Y un plebiscito que abrió esa posibilidad.
Dejando de lado el merecimiento de Andalucía a la autonomía cabe señalar que cuando se hizo el plebiscito sobre su autonomía todas las provincias, menos una, lo aprobaron. La que se negó en referéndum fue Almeria. Esto se ha dejado en el olvido. Un ministro de UCD, andalúz, metió sus manos hasta las trancas. Y tuvo que ser la diputación de almería la que enmendara la plana a la ciudadanía y apostar por la autonomía. Por otro lado, y dado el enfrentamiento entre UCD y el PSOE (en 1980 hubo una moción de censura en el congreso de los diputados), llevó al insigne andalúz y socialista Alfonso Guerra a declaraciones contrarias a la autonomía para su territorio. Señal de que en ese momento no se contemplaba una “España” integrada por autonomías. El último indicio es el de que en una hipotética reforma de la Constitución se incluya el nombre de las autonomías. ¿Para qué? Para cerrar un modelo hecho a salta de mata (o a ras de trinchera) por parte de las instituciones y de los ciudadanos, no contemplado en la propia carta magna.
En esos años, tras la aprobación del Estatuto de Andalucía, y con el camino claramente abierto para otr@s, UCD y el PSOE pactaron un modelo que, esta vez sí, contemplaba el reparto en comunidades, y daba cuerpo al café para todos. Es más, ponían fecha a dicho proceso: antes de 1983 (para coincidir con las elecciones municipales) debían aprobarse los estatutos de autonomía y entrar en vigor. Y es más, tod@s tendrían parlamento o asamblea propia. Pero para agilizar, ninguna tendría derecho a consultar o a refrendar nada referido a su autonomía. Ya era suficiente con Vascos, Catalanes, Gallegos y Andaluces. Esto ha tenido efecto posteriormente, cuando se han ido reformando los estatutos. Las reformas de Catalunya y Andalucía se han sometido a referéndum. Las demás no. Y por eso mismo hay “pecados originales” que se traducen en, por ejemplo, el mantenimiento de la disposición transitoria séptima del estatuto de Castilla y León, especialmente pensada para Cantabria y La Rioja.
Galicia y Andalucía, de las primeras autonomías que lo solicitaron en esta “nueva era”, primera democrática de la historia del estado español en durar algo más que un suspiro (me refiero a las dos repúblicas), acaba por tener que escuchar, en boca de la presidenta de la comunidad de Madrid, en el 30 aniversario de la culminación del proceso estatutario, que fue un error y que Andalucía no se merece tener autonomía. Lo dice la representante del PP, partido que aspira a gobernar dicha autonomía, tras 30 años de gobiernos socialistas. Y es que a pesar de la realidad objetiva, en muchos casos por obligación, en otras por el interés, no ha calado el modelo autonómico, no se ha concretado en algo coherente y basado en el hecho cultural, lingüístico, histórico...y que responda al lema ser para decidir. Porque el autogobierno es más que unos puestos para repartir, sino vertebrar una idea, una comunidad, un entorno cultural, espero que el futuro de los dos casos citados, Galiza y Andalucía, sea mejor en el futuro que en estos 30 años, en los que, desde el inicio, se ha puesto en cuestión tanto su derecho a la autonomía, se ha jugado con su estatuto, con sus gentes, y con otros elementos, de gran importancia, derivados del mismo. Y lo más importante, que sean sus propios ciudadanos los que decidan, sin más limitacion que su propia voluntad, su propio futuro. Ya lo dice el lema de Andalucía: por sí y por la humanidad. No hace falta más.
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